miércoles, 10 de diciembre de 2008

UNA HIPÓTESIS ECONÓMICA SOBRE EL NACIONALISMO LINGÚÍSTICO

La aparición histórica del Estado, el paso de las sociedades sin Estado, o mejor contra el Estado -como las llamaba Pierre Clastres- a las sociedades con Estado ha sido y es uno de los temas más apasionantes de la filosofía política, la antropología y la historia de la Prehistoria. Fuera de "teorías" un tanto peregrinas entre las que destaca por méritos propios la de Ortega y Gasset que hablaba de un origen "deportivo" del Estado, como fruto de la necesidad de organización de las actividades "deportivas" de las hordas de guerreros jóvenes en busca de exogámicas conquistas "amorosas" (o sea, el rapto de mujeres de otras tribus), hay un variado surtido de teorías explicativas entre las que se pueden incluir las de orientación "idealista", como las sustentadas por John Locke y Thomas Hobbes que ponen el origen del Estado en una suerte de contrato social que habrían suscrito unos hipotéticos individuos que vivirían en un hipotético estado de la naturaleza caracterizado por la ausencia de Estado y de propiedad privada con el objetivo de dar seguridad a sus posesiones e intercambios, las de orientación "materialista" como la de Federico Engels, que propone como causa del surgimiento del Estado a la necesidad de las clases terratenientes de contar con un instrumento para asegurar colectivamente  su dominio sobre los "sin tierra", o las las que plantean que el Estado surge espontáneamente como institución para garantizar la coordinación socioeconómica en sociedades demográficamente cada vez más numerosas. Pero a mí, la que más me gusta es aquella que considera que el Estado tiene un origen claramente mafioso. Con arreglo a esta visión, el Estado tiene su origen en la institucionalización de los comportamientos mafiosos del grupo de individuos más propenso y capaz para la violencia (recordemos aquí la definición del Estado por parte de Max Weber como monopolio en el uso legítimo de la violencia en un determinado territorio), el cual, a cambio de "proteger" a los demás individuos de "su" violencia y de la de otros grupos violentos de otras sociedades, les "cobra" a sus súbitos un "precio" utilizando para ello tanto el sistema fiscal como el monetario. A cambio de esas exacciones, con parte de los recursos extraídos, el Estado de los mafiosos produciría, bajo la habitual categoría de "protección", un conjunto de bienes públicos necesarios para el sostenimiento y desarrollo de un sociedad: la paz y el orden, el sistema judicial y la liquidez necesaria para el desenvolvimiento de una economía de mercado.


Históricamente, una narración novelada de cómo pudieron surgir los Estados partiría de la existencia de bandas de bandidos nómadas compuestas por individuos agresivos y especializados en las actividades violentas que se dedicarían a robar a las poblaciones sedentarias dedicadas a actividades agrícolas y ganaderas en una relación explotadora del tipo "la bolsa o la vida". Pronto estos bandoleros descubrirían que les sería económicamente más productivo y seguro instalarse en esas poblaciones, vendiéndoles "protección" contra otros bandoleros nómadas (y contra la suya propia) y otros bienes públicos (justicia, sistema legal, policía) a cambio de una participación "fiscal" en el producto generado por los trabajadores pacíficos. La relación entre ese grupo violento y los pacíficos iría pues dejando de ser claramente explotadora para pasar a ser un intercambio económico voluntario (la elección entre "la bolsa o la vida" no es un intercambio económico)


Enemigos de este statu quo del que disfrutaría el grupo mafioso que en cada sociedad y en cada territorio ocupase la administración estatal lo serían tanto otros grupos de la misma sociedad que pretendieran derrocarle, ocupar su posición y hacer su papel (y de ahí el monopolio que se reservaría en el uso legítimo de la violencia), como otros Estados mafiosos competidores que quisieran quitarle su "mercado". Y el uso de una jerga económica no es aquí un adorno metafórico pues, desde un punto de vista económico, es perfectamente apropiado considerar al Estado predador o mafioso como un monopolio local que inicialmente vende un doble producto: paz y seguridad pública y sistema judicial en una suerte de mercado político cobrando a sus "clientes", súbditos o ciudadanos, el "precio" que maximiza beneficios en forma de tributos o exacciones fiscales.


La posición monopolística de que disfruta cada Estado en cada territorio no es absoluta pues, por un lado, desde otras zonas, pueden llegarle "competidores" que invadan/entren en su territorio/mercado, y, por otro, sus súbditos-clientes pueden "votar con los pies" y emigrar a otros territorios o estados si los "precios" que les cobran su Estado mafioso de origen son relativamente demasiado elevados en comparación con los que cobran los Estados mafiosos en otros territorios/mercados. En suma, que como enseña y predice la teoría económica, la existencia de esa competencia potencial entre Estados explica que las exacciones fiscales o "precios" que cobran los grupos mafiosos que controlan los estados por los servicios de "protección" que prestan no sean tan elevadas o abusivas. Un ejemplo histórico de esta situación de competencia entre grupos estatales mafiosos lo ofrece el "mercado político" en la Península Ibérica en el siglo VIII. Tras la caída del Imperio Romano, Hispania estaba en manos de un grupo claramente mafioso: los visigodos que creó un Estado típicamente mafioso. Pero sus exacciones eran tan abusivas que la población hispano-romana desertó en masa de la élite visigoda cuando tuvo ocasión, optando por "comprar" la protección a menor coste que le ofrecía el grupo mafioso invasor árabe-bereber. Es este cambio voluntario de proveedor de servicios por parte de los súbditos-clientes de la mayoría hispano-romana lo explica la facilidad con la que se llevó a cabo la invasión musulmana.


Pero los Estados no se encuentran inermes frente a esa competencia procedente del exterior. De dos mecanismos se valdría un Estado mafioso para proteger su "mercado" creando barreras de entrada. Por un lado está la defensa militar del mismo (es decir, el gasto en seguridad nacional es en términos económicos una suerte de inversión idiosincrásica cuyo objetivo no es sino disuadir la entrada de Estados competidores en su particular mercado), y de otro están los gastos en publicidad/ propaganda cuyo objetivo es crearse un mercado cautivo, generando en los súbditos-clientes "lealtad a la marca" (es decir, haciendo que la demanda de la protección que ofrece un particular grupo mafioso sea más inelástica) y así dificultar que sus súbditos-clientes se vayan con la competencia modificando sus preferencias, es decir, consiguiendo que crean que la "protección" que los otros Estados competidores pueden brindarles, aunque lo hagan a un precio más bajo, no les interesa.


Obsérvese que la publicidad/propaganda de un Estado mafioso tiene el objetivo de convencer o persuadir a los súbditos-clientes para que consideren que los productos de paz, seguridad. sitema judicial, etc. que les ofrecen los rivales son sustitutivos imperfectos o de baja calidad de los que él ofrece. Pero el mismo efecto se consigue, y quizás en mayor grado, si la publicidad/propaganda logra convencer a los súbditos que el problema también está en que los grupos mafiosos de otros Estados no se adecuan a su identidad o idiosincrasia propias. El nacionalismo identitario, la creación del Estado Nacional, ha de ser entendido por tanto, en clave económica, como una barrera a la competencia interestatal que los Estados mafiosos erigen y que les permite a cada uno disfrutar de mayores ventajas monopolísticas en la medida que pone una clara distinción entre nuestro grupo mafioso y los otros. No es probablemente casual que el desarrollo de la ideología nacionalista haya sido paralelo al avance de los medios de transporte y comunicación que facilitaban la opción de salida a los clientes-súbditos de los estados mafiosos. Y una pieza adicional de esa estrategia de fidelización es la consagración de las lenguas nacionales como lenguas oficiales de uso obligatorio. Está claro que si uno habla una determinada lengua aumentan los costes de transacción asociados a la emigración, es decir, tiene más difícil el abandonar un territorio e irse a otro, el cambiar de proveedor de servicios.


En una dirección similar, David Friedman(1) ha justificado esa imposición de una lengua nacional desde otro punto de vista. Para Friedman el tamaño y tipo de Estado refleja las posibilidades de extracción de tributos, de forma que en las sociedades prioritariamente agrarias los estados tienen una base territorial pues cuánto mayor es el territorio mayor es la base fiscal que se puede explotar. El desarrollo del comercio da origen a otro tipo de Estados que se sitúan a lo largo de las rutas comerciales buscando su control y cobrando por los flujos de mercancías que por ellas pasen. Finalmente, en las sociedades industriales, la base fiscal fundamental son los trabajadores de modo que lo que el Estado ha de controlar es que la población no abandone el territorio mediante la erección de barreras de salida. El nacionalismo lingüístico es obviamente un modo de conseguir que una población se considere ajena e incluso enemiga de otras lo que obstaculiza su movilidad.


Dos cuestiones últimas merecen aquí un cierto tratamiento. La primera es de carácter general y se refiere a si lo dicho respecto a los Estados mafiosos sería de aplicación para los Estados democráticos, es decir si el paso de sociedades formadas por súbditos-clientes a otras formasdas por ciudadanos-clientes altera la forma de comportamiento de quines dirigen el aparto estatal y se benefician de ello. En principio podría pensarse que el modelo desarrollado no sería de aplicación en la medida que las revoluciones democráticas que dieron al traste con los Estados mafiosos se justificaron económicamente en términos de que los Estados democráticos cobrarían precios más bajos por los servicios que prestan al margen de que no se dedicarían a perseguir objetivos excesivamente particulares de la élite mafiosa como habían hecho las monarquías absolutas (luchas dinásticas, guerras de religión, etc.). El problema es que para gestionar los Estados democráticos se necesita de políticos y funcionarios que realicen esas tareas de modo no monopolista o explotador. Las revoluciones democráticas crearon esa demanda de gestores no propensos a ese tipo de comportamientos pero el problema es el de si hay una oferta de individuos dispuestoa a realizar esas tareas de servicio público sin aprovecharse de la posición que ocupan en el aparato del Estado. Y aquí creo que se puede argumentar que la oferta de políticos "no aprovechados" tiende a decrecer (como sucedía con el número de guapas, véase la entrada Economía de la belleza del 11/7/07 en este blog) en el curso del crecimiento económico en los Estados democráticos, cuestión que se deja para una entrada posterior. Si es así, si en el aparato de los Estados democráticos abundan los políticos más o menos aprovechados, lo dicho para los Estados mafiosos sería aplicable también en cierta medida para los democráticos.

Y, en segundo lugar, una cuestión de carácter local. Desde la perspectiva aquí usada se puede contemplar el Estado de las Autonomías en España como una peculiar forma de "superación" de un Estado mafioso caracterizada por la creación de un montón (17) de pseudoestaditos "democráticos" en que, sin embargo, son visibles, quizás demasiado visibles, las viejas y conocidas tretas de mercadotecnia de los Estados mafiosos. Bien sé que es un asunto que puede herir ciertos sentimientos, pero las políticas lingüísticas de algunas autonomías (o las políticas educativas de todas ellas sin excepción) a las que les gustaría poder prescindir de una vez de la koiné (la lengua común) que tienen más cercana: el castellano, sustituyéndola por la koiné universal: el inglés, recuerdan los comportamientos de los grupos que han dominado históricamente los estados mafiosos en sus intentos de crearse unos "mercados" cautivos a los que poder explotar sin miedo a la competencia .

(1) D.Friedman. "A Theory of the Size of the State" Journal of Political Economy, 1977.

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